“El juez tiene, efectivamente, como el mago de una
fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más
monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias eternas de
verdades”.
Piero Calamandrei, Elogio de los jueces, 1935.
La
reciente renuncia de un magistrado del Consejo Superior de la
Judicatura por un posible escándalo de corrupción, la detención de
varios funcionarios judiciales acusados de tráfico de influencia y de
cohecho, además del sonado caso del crucero de la Presidenta de la Corte
Suprema, evidencian el mal funcionamiento de la justicia de nuestro
país ¿Qué está sucediendo?, ¿Quién es el responsable?
En
primer lugar, parece que estos “sonados” casos no son situaciones
nuevas, sino la “punta del iceberg” que anuncia una terrible realidad de
corrupción que desde hace mucho tiempo corroe las instituciones
judiciales. Para nadie es un secreto que a estas situaciones se suman
los constantes enfrentamientos y acusaciones de prevaricato entre
magistrados de altas cortes.
Pero también han existido
publicitados casos de corrupción y de detenciones de funcionarios
judiciales en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia, lo
que desacredita la Rama Judicial, encargada de impartir justicia y
velar por los derechos de los ciudadanos.
Como lo mencionaba recientemente el editorial de uno de los periódicos más influyentes del país “si la sal se corrompe….”,
pues
¡apague y vámonos! tocamos fondo. Lo triste de todo esto es que si la
justicia es la moral de un pueblo, los recientes hechos de corrupción
demuestran que vivimos momentos difíciles. Esto es gravísimo, no
solamente para la confianza de la gente en sus instituciones, sino para
la confianza inversionista, responsable del desarrollo de un país. Ante
dicho problema, no podemos claudicar, hay que reaccionar. La justicia no
se puede corromper.
Si esto pasa en las altas esferas de
la Rama Judicial, que, generalmente, tienen mayores exigencias de
experiencia y formación, qué puede estar sucediendo en tribunales y
juzgados, muchos de ellos sin autoridad de policía, con mandatarios
locales enjuiciados o bajo sospecha y con influencia de grupos al margen
de la ley. Aclaremos que para muchos cargos de despacho judicial no se
necesita ser profesional.
En segundo lugar, lo
más grave es que todos estos funcionarios son, por norma expresa,
abogados de profesión, como la mayor parte de los políticos que dirigen
nuestro país y los administradores de la función pública, lo que implica
revisar con cuidado que está pasando con la profesión, pues,
finalmente, las universidades juegan un papel importante en la formación
de estos funcionarios.
¿En dónde estudiaron?
Y,
hasta ahora, ¿quién le ha pedido cuentas a las universidades de las que
han egresado los funcionarios más corruptos de nuestra época? Muchos
han estudiado en prestigiosas instituciones y han cursado posgrados,
incluso en el extranjero, pero su formación no les ha impedido desfalcar
al Estado como el más vil hampón.
Por ello, hay que
replantear la manera como los abogados se están preparando, para luego
trabajar en la administración pública o en la justicia. Buena parte de
la congestión se debe al uso legal indiscriminado de abogados, ya sea
dilatando procesos o tutelando a todo el mundo. Las sanciones a
funcionarios y abogados por el mal ejercicio de sus cargos es pan de
cada día. Esto tiene que ver con la educación que se recibe en muchas
facultades de Derecho, en donde el tráfico de influencias y el fraude
son noticia diarias: los juzgados están llenos de tutelas tratando de
resolver dichas violaciones.
Hay que hacer una reflexión
sobre la formación que reciben los funcionarios y abogados. No olvidemos
que la educación es un tema de desarrollo, que ha sido tenido en cuenta
en la agenda internacional desde hace más de medio siglo. Recordemos
que la Unesco fue creada en 1945 por 37 países miembros de la ONU, con
la finalidad de establecer “la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad”, y así reconstruir los sistemas educativos luego de la
Segunda Guerra Mundial.
Desde 1998, se comenzó a preparar el documento
Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción,
en donde se evidencia el nuevo papel asignado a la educación superior,
para impulsar las fronteras del conocimiento y la competencia, y así
poder afrontar los desafíos del crecimiento regional, dentro de la
globalización universal.
Allí, se consigna
El plan de transformación de la educación superior para América Latina y el Caribe
(2009), que refleja los intereses, aspiraciones y expectativas de los
países en materia de desarrollo, se articula la dimensión económica con
la social, la conservación ambiental con la equidad social, la
estabilidad política y la gobernabilidad democrática.
Desafortunadamente, en materia jurídica, Colombia no está cumpliendo con
esos compromisos, la falta de cambio en los planes de estudio de las
facultades de Derecho así lo evidencian.
Algunos avances
Si
bien es cierto que se han hecho grandes esfuerzos para implementar las
TIC, lo que ha permitido mejorar la calidad de la comunicación, la
formación de redes, la dinámica de los intercambios e interacciones y la
conformación de comunidades educativas, entre docentes, estudiantes e
instituciones, tanto en el plano nacional como internacional, no vemos
un dimensionamiento importante de los programas virtuales en las
facultades de Derecho ni tampoco una modificación de sus aulas de clase y
espacios de aprendizaje que permitan la conectividad multimodular.
También
es cierto que la mayor parte de las facultades de Derecho han adoptado
las orientaciones de carácter internacional, expresadas en conferencias,
protocolos y acuerdos, como el Proceso Bolonia (2008), el Proyecto 6 x 4
de la Unión Europea (2008) y el Proyecto Tuning, o la Conferencia de la
Unesco para Educación Superior (2012), que trajeron consigo el sistema
de créditos académicos y la movilidad de los estudiantes, docentes e
investigadores en la enseñanza superior. Sin embargo, poco o nada se ha
realizado en materia de flexibilidad de los grados profesionales, porque
casi todos los programas de Derecho son rígidos, con más de 170
créditos y con ofertas de cinco años. Esto dificulta, en cierta medida,
la movilidad de profesores y estudiantes.
En materia de
investigación jurídica, resaltamos la adopción de la alta calidad como
parámetro de la enseñanza de la educación superior, pero seguimos
atrasados en el proceso, con apenas 24 facultades de Derecho acreditadas
de un total de 85. Además, son pocos los proyectos internacionales que
se presentan y muy baja la financiación externa de los investigadores.
Otro
tanto se ha materializado en la construcción de un modelo para la
educación y la evaluación de las competencias, lo que facilita la
comparación de los aprendizajes individuales y el reconocimiento de los
perfiles de egreso en las profesiones o carreras seleccionadas.
A
propósito, el ICFES avanza en su cuarta etapa de evaluación por
competencias bajo el modelo internacional de línea de especificaciones,
el cual, con apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho,
viene construyendo las Pruebas Saber Pro, para todos los estudiantes de
últimos semestres de la profesión. Sin embargo, el Ministerio de
Educación sigue sin cambiar su viejo modelo de exigencia de contenidos.
Es
el momento de revisar los contenidos de los programas de las facultades
de Derecho para saber, a ciencia cierta, si están contribuyendo con el
adecuado desarrollo que necesita nuestro país.
